Exalcalde de Uruapan denuncia cateo ilegal y hostigamiento político
Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026. Ignacio Campos Equihua, ex presidente municipal de Uruapan, declaró que se defenderá jurídicamente tras un cateo realizado en su domicilio de la Perla del Cupatitzio. A través de sus redes sociales, el exfuncionario afirmó que el operativo fue ilegal y tuvo fines mediáticos, destinados a dañar su imagen pública. Campos aseguró que se encuentra analizando las acciones legales a seguir y que está interesado en que se aclaren los hechos para poder regresar a su ciudad natal.
El exalcalde explicó que actualmente reside en Morelia debido al hostigamiento y discurso de odio del que dice ser objeto. Señaló directamente a la presidenta municipal en funciones, Grecia Quiroz, y al subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, como los impulsores de acusaciones en su contra, vinculadas al homicidio del también exalcalde Carlos Manzo. Esta situación, según Campos, lo ha obligado a alejarse de Uruapan mientras se desarrolla la investigación.
Respecto al procedimiento judicial, Campos detalló que previamente solicitó información a la Fiscalía sobre investigaciones en su contra, pero no obtuvo una respuesta clara. Reiteró su intención de presentarse ante las autoridades para exigir conocer los cargos específicos que se le imputan. El exfuncionario subrayó que, aunque se encuentra en Morelia, no está escondido y está dispuesto a colaborar con la investigación correspondiente.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas posteriores al asesinato de Carlos Manzo, un crimen que no se ha esclarecido públicamente. La acusación contra Campos, un actor político relevante en la región, introduce una nueva capa de complejidad en un hecho ya delicado. La falta de detalles oficiales sobre la investigación judicial contrasta con las declaraciones públicas del implicado.
Los próximos pasos dependerán del desarrollo de la investigación fiscal y de las acciones legales que Campos prometió emprender. La situación afecta directamente la estabilidad política local y pone bajo escrutinio los métodos de las autoridades. Se espera que la Fiscalía General del Estado se pronuncie pronto para ofrecer su versión oficial sobre los motivos del cateo y el estado de la indagatoria.
