Detienen a siete por extorsión y despojo en Copándaro
COPÁNDARO, MICH., 09 DE OCTUBRE DE 2026. La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a siete personas señaladas por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y despojo agravado en el municipio de Copándaro, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano. Las detenciones se llevaron a cabo durante una serie de cateos en siete inmuebles de la comunidad de San Agustín del Maíz. Uno de los implicados cuenta con una orden de aprehensión vigente por lesiones, según informaron autoridades policiales.
Los arrestados fueron identificados como Alma, Pedro, Juan Carlos, Juan, Armando, alias «El Gallito», Carlos y J. Carlos. En los domicilios, los agentes aseguraron un revólver, un automóvil y cartuchos útiles. De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos habrían amenazado y golpeado al propietario de un terreno de la referida localidad, quien buscaba recuperar legalmente su predio, utilizado por habitantes de la zona para celebrar diversos eventos y festividades.
La parte ofendida denunció los hechos, lo que llevó a los agentes de la Fiscalía a iniciar las averiguaciones correspondientes, reunir datos de prueba y tramitar las órdenes judiciales. Una vez cumplimentadas, los arrestados quedaron a disposición de la instancia competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho. No se detalló la fecha exacta de los cateos ni el nombre completo de los detenidos.
Este operativo se suma a los esfuerzos recientes de las autoridades michoacanas para combatir la extorsión y el despojo, delitos que han afectado la seguridad y el patrimonio de los habitantes de la región. La participación de la SSP y el Ejército Mexicano refleja la coordinación entre corporaciones para atender estos casos. La extorsión agravada y el despojo agravado son delitos graves que pueden alcanzar penas de prisión elevadas, según el Código Penal de Michoacán.
Se espera que en las próximas horas la autoridad competente defina la situación jurídica de los detenidos. Las investigaciones continúan para determinar si hay más personas involucradas. Este caso podría sentar un precedente en la lucha contra el despojo de tierras en la región, donde los propietarios han denunciado presiones y actos violentos para abandonar sus propiedades.
