Comuneros de Arantepacua dejan caos y saqueos en Morelia
Morelia, Michoacán. 6 de abril de 2026. Una manifestación de comuneros de la comunidad de Arantepacua generó este lunes graves disturbios en la capital michoacana, caracterizados por actos de vandalismo, incendios de vehículos y un clima generalizado de inseguridad. Los manifestantes intentaron ingresar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, al no lograrlo, lanzaron cohetones al interior. Además, causaron destrozos en las oficinas del Infonavit, la Secretaría de Educación estatal y la Fiscalía Anticorrupción, así como en el frente de un antiguo local comercial.
La protesta derivó en la quema de al menos seis vehículos, entre ellos camiones de reparto de agua, un camión de la empresa Jumex y una camioneta de la paquetería DHL. En un episodio particularmente grave, los manifestantes agredieron a agentes de la Guardia Civil en la avenida Madero Poniente, despojándolos de una patrulla que luego fue llevada a otro punto de la ciudad. En ese vehículo oficial, los sujetos reprodujeron música de corridos tumbados, evidenciando el nivel de descontrol.
Tras el incendio de la camioneta de DHL, se produjo un acto de rapiña por parte de ciudadanos ajenos a la protesta. Aprovechando que la carga quedó esparcida en la banqueta, varias personas sustrajeron paquetes a plena luz del día y ante la presencia de policías. Un motopatrullero logró recuperar parte del cargamento e impedir que fuera subido a otro vehículo, pero la mayoría de los productos ya había sido robada.
La movilización, que culminó con un bloqueo frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tiene su origen en una demanda de justicia por hechos ocurridos hace nueve años. Los comuneros exigen la captura de los responsables del asesinato de cuatro habitantes y la tortura de otras diez personas de Arantepacua, durante un operativo policial el 5 de abril de 2017. Por este caso, existen 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, el entonces secretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, y 14 policías estatales.
Los hechos dejan al descubierto la persistencia de un conflicto social no resuelto y plantean serias interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante protestas que escalan a la violencia. La afectación a negocios, instituciones y la seguridad pública en general marca un precedente preocupante, mientras la demanda central de los manifestantes por los eventos de 2017 sigue pendiente de cumplirse.
