Despiden a 150 policías en Uruapan por no acreditar exámenes
Uruapan, Mich., 01 de septiembre de 2026. Alrededor de 150 elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron despedidos este martes por no acreditar los exámenes de control y confianza, además de no cumplir con los requisitos exigidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La medida busca alinear a la corporación con los estándares nacionales de certificación.
Los uniformados fueron citados en la Casa de la Cultura, donde sus mandos les notificaron la decisión. La situación generó inconformidad y derivó en una manifestación en la plaza de La Ranita. Algunos agentes contaban con más de 20 años de servicio y señalaron que el despido fue arbitrario, pues muchos aún estaban en proceso de acreditar las evaluaciones y desempeñaban funciones de manera temporal.
Los afectados no descartaron tomar acciones legales para defender sus derechos laborales. Aunque los manifestantes aseguraron que fueron 150 los cesados, las autoridades municipales no precisaron oficialmente el número exacto de bajas. No se informó si existirá algún esquema de recontratación o reconversión laboral para los despedidos.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respaldó públicamente al secretario de Seguridad Pública Municipal, Omar Guadarrama, en el proceso de revisión de la corporación. En un comunicado, la edil explicó que algunos elementos no continuarán en funciones por no haber aprobado los exámenes o no reunir los requisitos vigentes, y reconoció la trayectoria de los afectados, aunque justificó la medida como parte de una responsabilidad administrativa.
Quiroz añadió que Uruapan requiere aumentar su estado de fuerza con más elementos en las calles, pero enfatizó que ese crecimiento debe hacerse con orden y profesionalización. La administración municipal se comprometió a incorporar a más mujeres y hombres capacitados y certificados, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas. El caso evidencia la tensión entre el cumplimiento de estándares federales y los derechos de los agentes.
