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Detienen a jefes policiales de Zacapu por emboscada en Nahuatzen

Zacapu, Michoacán, a 10 de julio de 2026. El gobierno municipal de Zacapu sufrió uno de los golpes más severos de su historia reciente. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron al director y al subdirector de la Policía Municipal, señalados por su presunta participación en la emboscada donde murieron cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Raúl N., director de Seguridad Pública, y José Antonio N., subdirector, fueron capturados mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas durante un operativo de la FGE y trasladados a Morelia para quedar a disposición judicial.

Las órdenes de aprehensión derivan de las investigaciones por la emboscada ocurrida el 10 de junio en el paraje La Mojonera, sobre el camino a Nahuatzen. Un grupo armado atacó a elementos de la Guardia Civil, dejando un saldo de cinco policías estatales asesinados y cinco más lesionados, en uno de los ataques más graves contra fuerzas de seguridad registrados este año en Michoacán. La detención de los dos máximos mandos policiales representa un fuerte desgaste para la administración encabezada por la alcaldesa Mónica Estela Valdez Pulido, aunque no se ha informado si existe vínculo penal directo con ella.

La Policía Municipal de Zacapu ya había estado bajo investigación federal desde febrero de 2025, cuando la Fiscalía General de la República detuvo a Jesús Rivera Aguirre, alias «Don Chuy», señalado como un importante operador criminal en la región. Aquel operativo derivó en enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y suspensión de clases. Tras esa captura, la FGR abrió investigaciones contra elementos de la Policía Municipal, sospechando que algunos agentes habrían alertado sobre la presencia de fuerzas federales e incluso entorpecido el operativo. No se detalló si esas investigaciones concluyeron con responsabilidades penales.

La coincidencia entre ambos episodios coloca al gobierno municipal bajo creciente presión. La administración de Mónica Valdez había sostenido que Zacapu no enfrentaba una crisis de seguridad comparable con otras regiones de Michoacán. Sin embargo, la captura de un presunto jefe criminal, las investigaciones federales sobre policías municipales y ahora la detención de los dos máximos mandos de Seguridad Pública contradicen ese discurso. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha explicado si los funcionarios detenidos fueron evaluados tras los primeros señalamientos de la FGR.

Se espera la imputación oficial de los delitos contra Raúl N. y José Antonio N., así como si existen más órdenes de aprehensión. Si las investigaciones confirman que altos mandos utilizaron su posición para favorecer intereses criminales u obstaculizar acciones de corporaciones estatales, la administración enfrentará no solo un problema de seguridad, sino de credibilidad política. El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno y depuración en la corporación, y la alcaldesa deberá responder cómo fue posible que una corporación bajo sospecha continuara operando hasta la detención de sus principales mandos.

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